base del alegado error in Puerto Rico

2025En virtud de ello, los tribunales revisores debemos autolimitar nuestra facultad al efecto.31 En ese sentido, la parte que pretenda impugnar las resoluciones interlocutorias deberá esperar hasta la sentencia final e instar contra ella el recurso pertinente a base del alegado error cometido.32 Asimismo, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que lo anterior no sería absoluto, y, por tanto, cedería en aquellos casos en que alguna resolución sea dictada sin jurisdicción por el Tribunal de Primera Instancia o en aquellos casos extremos en los cuales los fines de la justicia requieran la intervenci

2006En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 497 (1999), se estableció que, de ordinario, debemos abstenernos de ejercer nuestra facultad revisora sobre ese tipo de dictamen, en protección de la sumariedad y celeridad del proceso, las cuales son la esencia y médula del trámite fijado por la Ley Núm. 2, supra. Como consecuencia, la .parte que pretenda impugnar el dictamen interlocutorio deberá esperar hasta la sentencia final e instar contra ella el recurso pertinente a base del alegado error cometido.

2025Por otra parte, luego de revisar minuciosamente el expediente, coincidimos que, en este caso, no se encuentran presentes ninguna de las circunstancias que nos conceden a modo excepcional facultad para atender una cuestión interlocutoria en un 17 Ley Núm. 2, supra, Sec. 9, 32 LPRA sec. 3127. 18 Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 496 (1999). 19 Íd., a la pág. 497. 20 Díaz Santiago v. PUCPR et al., 207 DPR 339 , 349 (2021); Dávila Rivera v. Antilles; Shipping, Inc., supra, a las págs. 497-498. 21 Díaz Santiago v. PUCPR et al., supra, a la pág. 349; Medina Nazario v. McNeil Hea

2024Véase también Patino Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 (2016); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). 28 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 , 265 (2018). 29 Véase Exposición de Motivos, Ley Número 133 de 2014.

2025Véase también Patino Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 (2016). 31 Ruíz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 , 265 (2018). 32 Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 133-2014.

2024Véase también Patino Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 (2016); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). 28 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 , 265 (2018). 29 Véase Exposición de Motivos, Ley Número 133 de 2014.

2024De este modo se da cumplimiento a la médula del procedimiento analizado y, por otro lado, no queda totalmente desvirtuado el principio de economía procesal ya que, si tenemos en cuenta la rapidez con que sobrevienen los escasos eventos procesales previstos por la Ley Núm. 2 veremos que la pare podrá revisar en tiempo cercano los errores cometidos.10 Aunque esta norma de autolimitación judicial no es absoluta, solo a modo de excepción, se pueden revisar las resoluciones interlocutorias dictadas por un tribunal sin jurisdicción y aquellos casos extremos en los cuales los fines de la justicia req

2024De este modo se da cumplimiento a la médula del procedimiento analizado y, por otro lado, no queda totalmente desvirtuado el principio de economía procesal ya que, si tenemos en cuenta la rapidez con que sobrevienen los escasos eventos procesales previstos por la Ley Núm. 2 veremos que la pare podrá revisar en tiempo cercano los errores cometidos.10 Aunque esta norma de autolimitación judicial no es absoluta, solo a modo de excepción, se pueden revisar las resoluciones interlocutorias dictadas por un tribunal sin jurisdicción y aquellos casos extremos en los cuales los fines de la justicia req

2024En virtud de ello, los tribunales revisores debemos autolimitar nuestra facultad al efecto.30 En ese sentido, la parte que pretenda impugnar las resoluciones interlocutorias deberá esperar hasta la sentencia final e instar contra ella el recurso pertinente a base del alegado error cometido.31 Asimismo, el Tribunal 26 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 27 32 LPRA sec. 3118.

2024De este modo se da cumplimiento a la médula del procedimiento analizado y, por otro lado, no queda totalmente desvirtuado el principio de economía procesal ya que, si tenemos en cuenta la rapidez con que sobrevienen los escasos eventos procesales previstos por la Ley Núm. 2 veremos que la pare podrá revisar en tiempo cercano los errores cometidos.10 Aunque esta norma de autolimitación judicial no es absoluta, solo a modo de excepción, se pueden revisar las resoluciones interlocutorias dictadas por un tribunal sin jurisdicción y aquellos casos extremos en los cuales los fines de la justicia req